Desde
el Frente Amplio Progresista de Lanús lamentamos el Proyecto
de Resolución aprobado en la primera sesión ordinaria del año del
Honorable Concejo Deliberante, en el que se solicita la instalación
de puestos móviles y de una base de Gendarmería Nacional en las
zonas de mayor índice delictivo en nuestro municipio; así como
aumentar el número de efectivos de dicha fuerza.
Como
siempre hemos sostenido, las respuestas cortoplacistas y demagógicas
a las que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo sólo aportan a
la militarización de los barrios y a la criminalización de nuestros
jóvenes, pero nada al problema de la inseguridad ciudadana.
En
el Acuerdo para la Seguridad Ciudadana, firmado en 2009 por la
mayoría de las fuerzas políticas, sociales y organismos de derechos
humanos del país, incluyendo a los diputados del Frente para la
Victoria, se declara que “Esta situación exige instituciones de
seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a
políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar
expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo
agravan el problema y reproducen la violencia. (…) En nuestro país,
la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el
delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y
autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y
penitenciaria.”
A
una semana del temporal que dejó a cientos de vecinos/as con sus
hogares destruidos y sin los servicios básicos, y varias calles
anegadas e intransitables, y cuando aún no se han dado las
respuestas necesarias, la falta de sensatez que demuestran el bloque
oficialista y los “opositores” resulta abusiva.
Habría
que recordarles a algunos concejales progresistas el contenido
“La Concepción Integral de la Seguridad”, “Gestión
Democrática de la Instituciones de Seguridad” y “El engaño de
la Mano Dura”, todos estos puntos del Acuerdo para la Seguridad
Ciudadana convalidado por diputados del oficialismo
Desde
el FAP seguimos insistiendo en que la manera eficaz de avanzar sobre
la problemática de la seguridad ciudadana, implica accionar sobre
las causas del delito tanto como sobre las poderosas redes delictivas
que actúan en connivencia con la policía, el poder político y el
judicial. Toda pretendida solución que obvie esta realidad y evite
el debate sincero necesario para el diseño y la implementación de
políticas democráticas de seguridad, está destinado a fracasar.
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